PROYECTO DE LEY  Nº  27/2001 SENADO  POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA FAVORECER LA COMPETITIVIDAD Y LA CREACIÓN DE CAPITAL SOCIAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO.

 


 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

 

Desde 1.994 y como consecuencia del Decreto Presidencial 2010 el gobierno nacional inicia acciones para el desarrollo de la competitividad colombiana, al crear el Consejo Nacional de Competitividad como organismo asesor del gobierno. Este Consejo al aprobar la Estrategia Nacional de Competitividad define como su objetivo principal "Movilizar la sociedad civil y el Estado en la construcción de una visión de futuro, sobre el país que queremos, sobre el país que queremos legar a las generaciones futuras", es decir crear una nueva cultura de gestión basada en ideales compartidos y en la concertación entre los sectores público y privado".[1]

 

Aunque los primeros desarrollos de la concertación se dieron en el sector industrial, sin duda el sector agropecuario y agroindustrial avanzó más que ningún otro en la discusión y suscripción de los acuerdos de competitividad de varias de sus cadenas, impulsado seguramente por los diez años de crisis que siguieron al establecimiento del modelo de apertura.

 

En su informe al Congreso 1.999 - 2.000 el Ministro de Agricultura reportaba avances en las discusiones o firmas de acuerdos de competitividad para las cadenas algodón - textil - confecciones; arroz y su molinería; lácteos; papa y su industria; maíz - soya - yuca - alimentos balanceados - avícola - porcícola; cítricos y plátano; camarón de cultivo; forestal;  palma de aceite - palmiste - aceites; banano; carne bovina; cacao - chocolates; atún; panela; piscícola; aunque con niveles muy desiguales de desarrollo.

 

Paralelamente nuevas modalidades de participación y de concertación fueron avanzando como posibilidades de articulación entre el sector público y privado o entre agentes privados entre sí con el apoyo del gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo, Ley 508 de 1.999, en lo referente al sector agropecuario expresa " El objetivo de política integral expresada en las alianzas productivas y sociales es atraer recursos e impulsar la inversión en proyectos agroindustriales, agroforestales, silvopastoriles y

 

acuiculturales, de carácter social que permitan impulsar el desarrollo y lograr la paz en las zonas rurales, mediante una estrecha asociación entre grandes, medianos y pequeños productores, inversionistas nacionales y extranjeros, industriales generadores de tecnología, comunidad rural, organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos nacional, regional y local para la realización de proyectos productivos y sociales rurales que permitan impulsar el desarrollo del sector y hacer posible la redistribución equitativa del ingreso, la superación de la pobreza y el logro de la Paz."[2]

 

El Ministro Carlos Murgas, en desarrollo de esa directriz, propuso las alianzas productivas "con el fin de lograr la reactivación del campo mediante el aumento de la competitividad para lograr propósitos de generación de empleo y mejoramiento de las condiciones económicas de grandes, pequeños y medianos productores. Este esquema concibe el proceso completo de producción y comercialización con una cadena de agregación de valor desde la granja hasta los consumidores y el abandono de la concepción de la producción primaria que cubre sólo los predios rurales"[3] En ese esquema propuso las alianzas entre líderes empresariales y comunidad, la organización empresarial comunitaria y las alianzas sociales, las dos primeras para realización de proyectos productivos y la tercera como el acuerdo con el sector público para desarrollar acciones de apoyo a las primeras.

 

En el curso de la década y como resultado de la Ley 101 de 1.993 los Fondos Parafiscales fueron aumentando en número y recursos y pasaron a constituirse en el centro de la inversión sectorial ante el retroceso de la inversión pública. Los Fondos del Ganado, del Arroz y de la Palma de Aceite son vistos como instituciones que sobrepasan en sus propósitos y logros a los alcanzados mediante la acción pública. Sus éxitos tecnológicos, el mantenimiento de sus sectores como actividades competitivas con base en la investigación y la transferencia tecnológica a sus productores, la reciente declaratoria de una zona importante del país como libre de aftosa, el incremento de las áreas de palma, la elevación de rendimientos del arroz, en fin, los colocan como una nueva institucionalidad con base en las contribuciones de los productores y la administración de los recursos en manos de los gremios. Si bien no

 

concebimos el mecanismo como fuerte para reactivar sectores muy deprimidos si creemos que responden a una cultura de la autogestión que ha mostrado resultados a pesar de las debilidades del  Ministerio de Agricultura para ejercer su labor de dirección.

 

La adición fundamental del gobierno actual fue la regionalización de la política de los acuerdos de cadenas y de alianzas al plasmarla en dos instancias. Los Consejos Regionales de Comercio Exterior y los Núcleos Regionales de los Acuerdos de Competitividad que llevaron a las regiones los desarrollos de la política al reconocer las particularidades productivas y sociales de los departamentos colombianos. Es claro para todos que el algodón es básicamente una cultura de un sector de la Costa Caribe, el Tolima, el Huila y el Meta; que la producción de arroz en Colombia se centra en los mismos departamentos, que el cultivo de la papa tiene en Boyacá y Nariño sus núcleos productivos, para citar apenas algunos ejemplos de localización regional de eslabones o de cadenas productivas completas.

 

La crisis sectorial de los años 90 a que hemos hecho referencia se reflejó igualmente en un alto número de productores que perdieron su calidad de sujetos de crédito por incumplimiento de sus obligaciones y que obligaron primero a un programa de compra de cartera y rehabilitación de los productores y a una decisión en cabeza de Finagro que aún no ha merecido el suficiente reconocimiento, como fue dar el carácter de intermedarios financieros para el sector agropecuario a las Asociaciones de Productores y permitir flujos de recursos como créditos asociativos, respaldados en buena proporción por el Fondo Agropecuario de Garantías, el cual amplió su cobertura a algunos sectores de grandes y medianos productores.

 

Avanzaron igualmente nuevas modalidades de comercio a través de la agricultura por contrato y de financiamiento con la titularización de inversiones a través de la Bolsa Agropecuaria, con resultados favorables e inesperados. 

 

El común denominador de todas las acciones descritas es la búsqueda de acuerdos, de acciones cooperativas, de reconocer en la confianza una fuerza de desarrollo, en fin de crear capital social a través de las acciones productivas y de integrar así sectores de intereses disímiles que compiten normalmente por apropiarse de las agregaciones de valor que se generan en su órbita de actividad o de negocio.

 

De manera sutil pero progresiva una nueva institucionalidad ha ido generándose en el sector agropecuario, basada en valores de cooperación, de crear confianza mutua, de generar acuerdos donde son palpables las diferencias, de reemplazar el conflicto por la concertación.

 

En nuestro criterio ese marco cooperativo amerita algo más que la concurrencia del Estado como garante de los acuerdos y que ello pasa por crearle a la institucionalidad naciente un carácter legal, un soporte normativo que obligue al Estado y a los Gobiernos a dirigir sus acciones al favorecimiento del capital social que allí surge.

 

Tal el sentido de este proyecto de Ley.

 

Todos estos acontecimientos coinciden cronológicamente con un retroceso de la acción pública sectorial. La inversión agropecuaria y rural en el presente cuatrienio no alcanzará al 1% del presupuesto nacional, cuando en la década de los 80 superó con creces el 3%, que para entonces era catalogado de insuficiente. La institucionalidad pública entró en barrena. Prestigiosos institutos como el DRI sólo reciben actualmente presupuesto para funcionamiento; en más de una década sólo se han construido una veintena de proyectos de pequeña irrigación y acometido obras de rehabilitación de unos pocos distritos de riego y el Inat sufrió una drástica reducción de personal y de recursos; el ICA abandonó buena parte de las acciones de investigación y ahora sirve como eslabón para entregar recursos a Corpoica, cuya actividad ha sido duramente cuestionada; la reforma agraria carece de recursos y cada vez más recuerda la frase lapidaria de que es "un edificio con sindicato"; el Idema se liquidó, al igual que Emcoper. El Ministerio asumió entonces el control de la poca inversión y concentra más del 60% de la misma en más de 100 programas de inversión, haciendo que ninguno tenga recursos suficientes para impactar la situación sectorial.

 

Sin duda una percepción de que las instituciones públicas agropecuarias no están diseñadas para los tiempos de la globalización y para la búsqueda de la competitividad se ha adentrado en la conciencia de la sociedad y de los agentes del sector.

 

Se configura entonces el panorama de una institucionalidad moribunda y otra que surge como respuesta para afrontar la crisis y buscar la recuperación sectorial en medio de los acuerdos regionales de comercio y

 

de la tendencia hacia el libre mercado. Podría decirse que esta última se basa en unos esquemas de acuerdos representados en los Acuerdos de Competitividad de las Cadenas, unas instituciones legales gremiales que administran recursos sociales plasmadas en los gremios y los Fondos Parafiscales con sus actividades de fomento e inversiones empresariales, un engranaje funcional del Estado para apoyar el crédito agropecuario liderado por Finagro que busca democratizar el acceso al crédito a través de programas especiales que define su Junta Directiva y que permitirá en el largo plazo disminuir la influencia de los intermediarios financieros y aliviar al sector del castigo de catalogar su actividad como de alto riesgo; una serie de ideas o proyectos en ejecución de carácter regional que desarrollan alianzas productivas pero que aún no alcanzan un cubrimiento nacional ni una masa crítica de involucrados que permitan centrar en sus desarrollos expectativas de transformación.

 

Dos ideas parecen entonces necesarias de desarrollar: dar a ese naciente ordenamiento el carácter de ejecutores de políticas públicas, esto es de instituciones formales, para permitirles la ejecución de presupuesto público, un rol en la fijación de políticas mediante su intervención en las esferas de decisión, un marco legal para que su actividad sea respaldada y auspiciada por el Estado; y de otra parte normar para que ellas no sean apropiadas por círculos de agentes económicos y sociales sino que pertenezcan al conjunto de los productores rurales colombianos.

 

El presente proyecto de Ley limita sus alcances a los Acuerdos de Competitividad de las Cadenas productivas, a los Consejos Regionales de Competitividad y a los aspectos crediticios pertinentes a su desarrollo. Entendemos que una definición de la institucionalidad en todos sus aspectos requiere de una propuesta del Gobierno previa evaluación de los requerimientos de la política agropecuaria y del comportamiento de las actuales entidades. Por lo demás, cursa un proyecto de Ley de nuestra autoría, que hemos denominado de Ley Social Rural que contempla, entre otros aspectos, definir una institucionalidad para el sector campesino con base en la transformación del Dri en el Instituto Nacional Campesino como única instancia pública que atienda transversalmente su problemática.

 

Para cumplir ese objetivo este proyecto define y legaliza los acuerdos de competitividad del sector agropecuario y su regionalización en  los Consejos Regionales de Competitividad, les atribuye el carácter de ejecutores de políticas públicas agropecuarias y de desarrollo rural e

 

 

 

incorpora parte de la normas sobre crédito agropecuario vigentes por resoluciones de Finagro ampliando su cobertura al marco general de las cadenas y proponiendo a su vez obligaciones del Fondo de Garantías Agropecuarias para con los integrantes de las Cadenas y los Consejos, buscando que se fomente la participación en los acuerdos a través de esas favorabilidades.

 

 

 

 

 

LUIS HUMBERTO GÓMEZ GALLO

SENADOR DE LA REPÚBLICA



PROYECTO DE LEY  Nº º  27/2001 SENADO  POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA AUSPICIAR LOS ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD  Y LA FORMACIÓN DE CAPITAL SOCIAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO.

 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA

 

DECRETA :

 

 

Artículo 1. Definiciones. Para los efectos de esta ley se entiende por:

 

a)       Acuerdo de Competitividad en el sector agropecuario: Es un acuerdo de voluntades negociado con la participación de empresarios y agentes económicos que participan en una cadena productiva y el gobierno, en el cual se contemplan acciones conjuntas y compromisos de las partes con la finalidad de crear ventajas competitivas en una o varias de las siguientes áreas:

 

  1. Definición de una estrategia de generación y difusión de tecnología.
  2. Promoción de exportaciones o sustitución de importaciones, incluido el desarrollo de canales apropiados de comercialización en los distintos mercados objetivo.
  3. Formación de recurso humano especializado.
  4. Superación de problemas crediticios o de obstáculos para el mejor uso del mercado de capitales y diseño de líneas especiales para reconversión y relocalización.
  5. Solución de problemas asociados a la integración adecuada de cadenas productivas o de estas con cadenas de comercialización y provisión de servicios.
  6. Superación de restricciones institucionales o regulatorias que afecten el sector.
  7. Solución a problemas de infraestructura.
  8. Análisis de problemas de contrabando, dumping y competencia desleal.

 

b)       Consejos Regionales de Competitividad Agropecuaria: Son los participantes regionales o departamentales en un acuerdo de competitividad agropecuaria que por su importancia en uno o varios eslabones de la cadena que suscribe el acuerdo de competitividad se

 

 

c)       organizan como tal para adelantar en su región o departamento las acciones del Acuerdo de Competitividad y son reconocidos como tales por los firmantes del Acuerdo y el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura.

d)       Núcleos productivos basados en alianzas estratégicas a los proyectos productivos adelantados mediante esquemas de asociación entre productores grandes, medianos y pequeños, siempre que la participación de pequeños productores alcance el 30% del total

 

Artículo 2. Los Acuerdos de Competitividad serán operados por una Junta del Acuerdo respectivo en la cual estarán representados los gremios principales de cada eslabón de la Cadena Productiva y/o las firmas más representativas de cada actividad y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. La representación de cada eslabón será designada por una asamblea de productores o de una entidad de agrupación gremial y en el caso de empresas por su representante legal. Las reuniones anuales o asambleas generales de los  gremios serán consideradas como válidas para la designación de la representación en el Acuerdo de Competitividad.

 

Parágrafo. Igual conformación y representación aplicadas en el contexto regional tendrán los Consejos Regionales de Competitividad.

 

Artículo 3. En la formulación y ejecución de políticas sectoriales agropecuarias  las Juntas de los Acuerdos de Competitividad y de los  Consejos regionales de Competitividad tendrán el carácter de órgano de concertación de políticas y acciones y la refrendación de los acuerdos por parte del  Ministerio de Agricultura incorpora sus decisiones  como políticas de gobierno y conlleva la programación de recursos en el presupuesto nacional para adelantar las acciones acordadas como compromiso del sector público.

 

Artículo 4. Los Acuerdos de Competitividad y los Consejos Regionales de Competitividad son ejecutores de políticas públicas y en tal condición podrán ejecutar acciones de beneficio general para sus adherentes y administrar recursos públicos provenientes de los presupuestos nacional, departamental y municipal.

 

Artículo 5. Las asociaciones de productores, las agremiaciones, cooperativas y en general las organizaciones de asociación y cooperación

 

 

y los Núcleos productivos conformados como alianzas entre grandes, medianos y pequeños productores podrán adscribirse al Acuerdo de Competitividad y a los Consejos Regionales de Competitividad. En tal caso deberán manifestar su voluntad a través de decisiones de sus asambleas de socios y comprometerse al cumplimiento del Acuerdo y a sus desarrollos regionales.

 

Parágrafo. Las Juntas de los Acuerdos de Competitividad y las Juntas de los Consejos regionales expedirán a sus asociados un documento que certifique su afiliación, el cual deberá ser legalizado ante el Ministerio de Agricultura.

 

Artículo 6. La adscripción de los productores al Acuerdo de Competitividad a través de las organizaciones de asociación o cooperación, de los Consejos Regionales de Competitividad de una cadena productiva o de los núcleos productivos les permitirá acceso automático al Fondo Nacional de Garantías, el cual avalará el 100% de los créditos asociativos que les sean otorgados. Igualmente Finagro establecerá condiciones especiales de redescuento para dichos créditos

 

Artículo 8. En el evento de que al interior de la cadena y su Acuerdo de Competitividad se suscriban convenios de absorción de cosechas, contratos de producción y compraventa o cualquier otro acuerdo que garantice la comercialización y los precios de compra, los productores o las asociaciones de productores, los Consejos Regionales de Competitividad de la cadena productiva correspondiente y los núcleos productivos garantizarán sus créditos con los documentos probatorios del acuerdo y de su adscripción al mismo y el Fondo Nacional de Garantías garantizará el 100% de los créditos otorgados para la producción, comercialización o transformación de los productos y cantidades motivo del convenio de absorción o contrato de compra a futuro.

 

Artículo 9. Los Fondos Parafiscales Agropecuarios podrán realizar inversiones en el cumplimiento de los objetivos de su cadena productiva definidos en el Acuerdo de Competitividad respectivo, sin necesitar autorización o aprobación del Ministerio de Agricultura o el voto favorable del Ministro de Agricultura dentro de la Junta del Fondo Parafiscal.

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 10. Los recursos del Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura se orientarán en su totalidad a apoyar los acuerdos de competitividad y sus Consejos regionales y sólo podrán tener como beneficiarios a organizaciones de productores que están adscritos a dichos acuerdos y Consejos y como finalidad el desarrollo de aspectos contenidos en los Acuerdos de Competitividad.

 

Artículo 11. La presente Ley rige a partir de la fecha de su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

 

 

 

 

 

LUIS HUMBERTO GÓMEZ GALLO

SENADOR DE LA REPÚBLICA

 


 

[1] Consejo Nacional de Competitividad. Estrategia Nacional de Competitividad. Prólogo. Febrero de 1.996.

 

[2] Plan Nacional de Desarrollo. Ley 508 de 1.999. Imprenta Nacional de Colombia. Pp 26.

 

[3] Carlos Murgas Guerrero. Alianzas Productivas y Sociales para sembrar la Paz. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  Imprenta Nacional. 1.999. pp 50.

 

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